Congreso Patriótico por una Soberanía Nacional

 Publicado el 12/11/2025

Haití-Política: Ciudadanos para salvar el país

Nacida de la Declaración del 27 de marzo de 2025, en plena crisis social, la iniciativa ciudadana «Kongrè patriyotik pou yon sovtaj nasyonal (KPSN)» se ha fijado como misión reavivar la participación cívica y promover la transparencia en la gestión pública. Con el objetivo de alcanzar un consenso suficiente en torno a soluciones para salir de la crisis y frenar el colapso del país, en pocos meses se ha impuesto como una voz emergente en el debate político. A través de sus campañas, sus alegatos y sus acciones sobre el terreno, moviliza a los ciudadanos en torno a un mismo ideal: devolver el poder al pueblo. En un contexto nacional marcado por la incertidumbre y la búsqueda urgente de soluciones, varios actores del mundo académico y de la sociedad civil han decidido unirse para actuar de otra manera. De hecho, cerca de quince universidades haitianas públicas y privadas se han asociado con una veintena de organizaciones de la sociedad civil, tanto en Haití como en la diáspora, para poner en marcha un amplio proceso de reflexión y concertación ciudadana. Esta iniciativa, impulsada por la convicción de que el cambio sostenible debe provenir del propio pueblo haitiano, tiene por objeto sentar las bases de un diálogo nacional soberano, capaz de trazar vías de salida a la crisis que sacude al país.

Socios diversos para un diálogo inclusivo

Para llevar a cabo esta iniciativa, la KPSN cuenta con el apoyo de una amplia gama de socios y actores de primer orden. Quince de las principales instituciones académicas del país, que representan a los diez departamentos de Haití, participan activamente en el proceso, junto con decenas de organizaciones de la sociedad civil. Una docena de los principales actores políticos, partidos y agrupaciones, así como miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) y del gobierno de transición, también aportan su experiencia. A ello se suman antiguos altos cargos y dignatarios del Estado, expertos, científicos y especialistas en ámbitos clave, así como representantes de la diáspora haitiana. Todos estos actores trabajan codo con codo con cientos de ciudadanos y ciudadanas de todos los ámbitos para construir un diálogo inclusivo y soberano, destinado a identificar soluciones concretas para sacar al país de la crisis.

Un proceso estructurado en torno a tres prioridades

Entre marzo y junio, la primera fase del proceso se desarrolló en tres etapas complementarias. En primer lugar, se organizaron una veintena de encuentros sectoriales, reuniendo a actores del ámbito político, económico y social, así como de la diáspora, con el fin de recoger una diversidad de puntos de vista. Posteriormente, un análisis en profundidad de alrededor de sesenta memorias, informes y documentos de propuestas presentados al congreso permitió identificar los desafíos críticos que requieren atención prioritaria. Finalmente, este enfoque se concretó con la celebración de doce congresos ciudadanos, incluyendo diez regionales que cubrieron los departamentos del país, uno dedicado a la diáspora y un congreso nacional de síntesis, que consolidó todas las contribuciones y propuestas. De hecho, cerca de sesenta ponentes, expertos, investigadores, autoridades estatales y ciudadanos comprometidos guiaron los debates en torno a tres ejes principales de reflexión: Seguridad, para restaurar de manera duradera la paz y el orden público; transición, para poner fin a la prolongada inestabilidad política; y gobernanza, con miras a refundar el Estado e instaurar una gestión responsable y eficaz. Además, otras temáticas transversales enriquecieron los intercambios, en particular la celebración de elecciones libres y creíbles, la reforma constitucional, el fortalecimiento del Estado de derecho, la justicia social, la reactivación económica y la respuesta a la crisis humanitaria que afecta al país.

Reformas institucionales y prioridades inmediatas

La reflexión llevada a cabo por esta organización ciudadana también ha permitido identificar prioridades claras para la reforma política e institucional del país. Respecto a la gobernanza transicional, existe un reconocimiento unánime de la ineficacia del actual Consejo Presidencial de Transición (CPT), compuesto por nueve miembros. Se han propuesto dos grandes alternativas: o bien una versión reducida del CPT, más operativa y creíble, o una solución institucional inspirada en la Constitución, confiando la presidencia de la transición a un juez de la Corte de Casación, una opción considerada más acorde con las tradiciones republicanas. Además, se ha subrayado que cualquier cambio en la gobernanza debe hacerse de manera ordenada y responsable, al término del mandato actual del CPT, previsto para el 7 de febrero de 2026, evitando así cualquier precipitación o convulsión. En cuanto a la reforma constitucional, aunque el consenso reconoce la necesidad de revisar la Constitución, el proceso actual ha sido ampliamente criticado por su falta de legitimidad y transparencia. Por lo tanto, se preconiza un nuevo enfoque inclusivo, conducido por autoridades legítimas, basándose en los trabajos de grupos de expertos e involucrando verdaderamente al pueblo haitiano. En última instancia, la cuestión de la seguridad ha sido identificada como la prioridad absoluta. La restauración urgente del orden público se considera una condición indispensable para organizar elecciones democráticas, libres y creíbles, asegurando así la estabilidad política y la confianza de los ciudadanos en el proceso. Mientras el país atraviesa un período de profunda incertidumbre, este movimiento ciudadano se impone gradualmente como un actor central del debate político haitiano. Al reunir a expertos, actores políticos y ciudadanos en torno a objetivos comunes, demuestra que una movilización reflexiva e inclusiva puede trazar vías concretas para salir de la crisis. Su enfoque estructurado tiene como objetivo sentar las bases de una gobernanza más eficaz, restaurar la seguridad y preparar elecciones libres y creíbles, al tiempo que fortalece la participación democrática y el compromiso ciudadano.